La brecha entre bonistas y el Grupo Codere es cada vez más profunda

23 abr 2014 | 05:40 Autor: Óscar F. Civieta

Los bonistas exigen a la familia Martínez Sampedro que acepte su oferta. Los máximos accionistas buscan vías que les permitan seguir controlando la compañía.

El pasado 5 de febrero los bonistas presentaron a Codere una oferta que consistía en cambiar deuda por capital, a cambio de hacerse con más del 80% del accionariado de la compañía. Y evitar, de esta manera, el concurso de acreedores. La familia Martínez Sampedro, accionista mayoritaria, la rechazo con rotundidad.

Era el momento entonces de acercar posturas. Sin embargo, más de dos meses después, la distancia se ha agrandado sobremanera.

Ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder un ápice y, en estos momentos, es difícil vislumbrar una solución que deje medianamente satisfechas a ambas. La historia de Codere tiene ya muchos capítulos y todo apunta a que vendrán unos cuantos más.

Dicen que después de la tormenta llega la calma. Y así es. El problema es que, en muchos casos, ulteriormente se desatan otra vez las hostilidades y ya no hay pararrayos que las retenga. Tras la tensión vivida al rechazar los principales accionistas la oferta de los bonistas, se entró en un periodo de tranquilidad irreal.

A principios del mes de marzo, pocos días después de que el Gobierno de España aprobara la nueva Ley Concursal (esto ocurrió el 4 de marzo en el Consejo de Ministros) los bonistas volvían a la carga. Y lo hacían sin ninguna intención de echarse atrás.

Esta normativa del Ejecutivo estatal trata, teóricamente, de ayudar a las empresas que se encuentran en una situación como la de Codere para que alcancen un acuerdo con los acreedores. En concreto, el nuevo articulado dice que es “muy preferible” llegar a pactos antes que declarar el concurso de acreedores.

La regulación fue para los bonistas el acicate que les faltaba para instar, más bien exigir, a la familia Martínez Sampedro que aceptara su oferta. Aseguraron que debería cambiar de manera sustancial la actitud de los accionistas mayoritarios. Esgrimieron, apoyándose siempre en la ley, que es mucho más producente “capitalizar la deuda”.

No se olvidaron (aunque también puede ser un ardid para atraer apoyos) de los trabajadores. Afirmaron que la aceptación de su propuesta conllevaría el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como “una mayor recuperación de valor para los accionistas” que la que tendrían con un proceso concursal.

Pero fueron más allá. Apuntaron que si la empresa rechaza, “sin causa razonable”, esta capitalización serán “los responsables legales de la insolvencia de la sociedad”. Así, los acreedores lanzaban un órdago con el que confiaban en ablandar la estricta postura mostrada hasta el momento por la familia de empresarios.

Pero no, Codere no blandió, ni muchísimo menos, la bandera blanca. Lo que sí hizo fue enviar, a finales del mes de marzo, a los bonistas una contraoferta. Consistía en postergar hasta 2019 el abono de su deuda, sumándole a ésta otros intereses. Logrando, con esta maniobra, que estos acreedores no se hagan con gran parte del accionariado, como es su pretensión.

Estiman desde la compañía que en estos cinco años que tendría para hacer frente al pago de la deuda podrían recuperarse y convertirse, de nuevo, en una empresa solvente. Otro de los aspectos destacables de la propuesta es que los bonos existentes en la actualidad se sustituyan por otros emitidos nuevamente. Nunca, subrayan, por acciones.

La confrontación, cada vez más áspera, entre bonistas y empresa no está siendo positiva, como era de prever, ni para su cotización en bolsa, ni para su contabilidad. Las acciones del grupo bajaron un 8% en los últimos meses. Además, Codere cerró 2013 con una facturación de 1.546,7 millones de euros, 7% que del año anterior.

En la actualidad el grupo posee 178 establecimientos entre casinos, bingos y salas de máquinas en hipódromos. Están presentes en España, México, Italia, Colombia, Pánama y Argentina. En este último país se han convertido en el mayor operador de salas de bingo de la Provincia de Buenos Aires.

Alrededor de todo este asunto continúan revoloteando los llamados fondos buitre, también conocidos como hedge funds. Sobre ellos, desgraciadamente, saben mucho en Argentina.

Los días pasan. La cercanía de la fecha límite apremia a ambas partes a tratar de llegar a un punto de acuerdo. Algo que, en estos momentos, parece una utopía. Las reuniones, ofertas y contraofertas seguirán sucediéndose. ¿Dará alguien su brazo a torcer?

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